REPORTE ANUAL
2020
| TRADUCCIÓN
| TEXTOS
| DISEÑO
Valentina Rivera B.
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Patricia Le-Bert L.EndFragment
Bireal
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| EDICIÓN
| CORRECCIÓN
Paulina Leiva M.
Catalina Fernández C.
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Juan José Ulloa M.
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09 | Carta del Presidente
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48 | Gastos periodo 2016 - 2020EndFragment
10 | Carta de la Gerente GeneralEndFragment
22 | Acompañamiento a familiasEndFragment
12 | Nuestra historiaEndFragment
VER VIDEO
24 | Los desafíos del país frente a los procesos de libertad condicionalEndFragment
14 | Visión y Misión EndFragment
INTERVENCIÓN INTEGRAL
16 | Directorio y consejerosEndFragment
PREVENCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA
18 | EquipoEndFragment
ANTECEDENTES FINANCIEROS
30 | Amparo y Justicia entrega lineamientos para una correcta implementación de la Ley 21.057EndFragment
ÍNDICE
34 | Asesoría para la formación de entrevistadores y instructoresEndFragment
01
42 | Diplomado sobre delitos sexuales: Incidencia en buenas prácticas sobre derechos de niños, niñas y adolescentesEndFragment
38 | Difusión de la Ley de Entrevistas Videograbadas, clave para un efectivo funcionamientoEndFragment
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QUIÉNES SOMOS
47 | Ingresos históricosEndFragment
04
QUIÉNES SOMOS
(De izquierda a derecha) Los directores Andrónico Luksic, Verónica Reich, Ramón Suárez, Alejandro Espinoza y Rodrigo Terré.
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VICEPRESIDENTE
Andrónico Luksic Craig | EmpresarioEndFragment
Pie de foto
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Solange Bertrand Huerta | Psicóloga - Chile
María Elena Santibåñez Torres | Abogado - Chile
Joanna Heskia Tornquist | Abogado - Chile
Lorena Vivanco De Martinez | Pediatra Forense - Estados UnidosDavid La Rooy | Doctor en Psicología - Reino UnidoNick Quine | Sargento - Reino Unido
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PRESIDENTERamón Suárez González | AbogadoEndFragment
CONSEJEROS
TESORERO
Rodrigo Terré Fontbona | Ingeniero CivilEndFragment
SECRETARO
Alejandro Espinoza Bustos | AbogadolEndFragment
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DIRECTORIO
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DIRECTORA
Verónica Reich Lederman | PsicólogaEndFragment
| DIRECTORIO Y CONSEJEROS
Paulina Leiva | Gerente General de Fundación Amparo y Justicia
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sexuales infantiles a un formato 100% online, manteniendo su calidad académica y permitiendo mejorar las prácticas de cientos de profesionales que interactúan a diario con niños, niñas y adolescentes.
Una vez más, en un año no exento de desafíos, el compromiso y trabajo de cada uno de los miembros del equipo, así como también la asesoría constante del directorio, nos permitieron avanzar en el cumplimiento de nuestra misión y visión, velando por el respeto efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Chile.
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2020, EL AÑO QUE NOS PERMITIÓ
REAFIRMAR NUESTRA MISIÓN
Cuando en marzo de 2020 tomamos nuestros computadores, cerramos la puerta de la oficina y nos fuimos a nuestras casas para resguardarnos de la pandemia, nunca nos imaginamos los desafíos que se vendrían por delante.
Si bien nuestro modelo de trabajo y experiencia de más de 22 años siempre nos ha permitido adaptarnos a los cambios y tomarlos como una oportunidad, el panorama nacional y mundial reafirmó nuestra misión, a pesar de la incertidumbre: prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido agresiones sexuales, durante su paso por el sistema judicial, como también dar acompañamiento legal, psicológico y social a las familias que han perdido a un hijo o hija por el delito de violación y homicidio.
En primer lugar, tuvimos que asegurarnos de mantener el contacto con las familias y apoyarlas durante el transcurso de la crisis sanitaria. Nuestro objetivo fue entregarles las herramientas para que accedieran a los beneficios estatales y apoyar la continuidad académica de los hermanos y madres que estaban cursando estudios superiores.
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“Una vez más, en un año no exento de desafíos, el compromiso y trabajo de cada uno de los miembros del equipo, así como también la asesoría constante del directorio, nos permitieron avanzar en el cumplimiento de nuestra misión y visión, velando por el respeto efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Chile”
Otra arista relevante fue mantener la representación de las familias que se vieron enfrentadas, por quinto semestre consecutivo, a la postulación a libertad condicional de los condenados por la violación y homicidio de sus hijos o hijas. Junto con darles apoyo psicológico y emocional, se obtuvo que los cuatro criminales se mantuvieran en prisión. Asimismo, durante estos procesos se informó a la ciudadanía respecto de las fallas y desafíos del sistema actual de ejecución de condenas.
En nuestra línea de prevención de la victimización secundaria, pese a que la responsabilidad de la implementación de la Ley 21.057 recae en las instituciones del sistema de justicia penal, procuramos continuar apoyando desde nuestro rol en la sociedad civil organizada. Específicamente, iniciamos la generación de programas de formación de entrevistadores e instructores de manera remota, a raíz de la imposibilidad de clases presenciales producto del COVID-19. Además, continuamos entregando a las entidades a cargo de la aplicación de esta normativa asesoría técnica e insumos basados en evidencia y estudios.
Igualmente, reformulamos nuestro Diplomado sobre delitos
| MISIÓN
Prevenir la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido agresiones sexuales, a través de la generación de información para las políticas públicas y de la formación especializada de los profesionales del sistema de justicia.
Facilitar el acceso a la justicia y a la reparación psicosocial de las familias que han perdido a un hijo o hija producto de una violación con homicidio, mediante la aplicación de nuestro modelo de intervención integral.
| VISIÓN
Promovemos el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y de sus familias para construir un Chile más justo.
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ASESORA TÉCNICA Y COORDINADORA ACADÉMICA
Yohanna Douglas Rojas
SUBGERENTE DE POLÍTICAS PUBLICAS
Carolina Fernandez CruzatEndFragment
COORDINADOR DE ESTUDIOSNicolás Pietrasanta MuñozEndFragment
JEFA DE COMUNICACIONESPatricia Le-Bert LeivaEndFragment
ENCARGADO DIGITAL
Felipe Ramírez Vidal
EQUIPO
COORDINADORA LEGALKarin Hein MolinaEndFragment
ENCARGADA DE PRODUCCIÓN Y CONTENIDO AUDIOVISUAL
Daniela Castillo VillarroelEndFragment
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓNRoberto Molina FuentesEndFragment
GERENTE GENERALPaulina Leiva MuñozEndFragment
COORDINADORA PSICOSOCIAL
Magaly Molina Soto EndFragment
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COORDINADORES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Aldo Pesce González
Karina Castro Oyarzún
ASESORES TÉCNICOS
Francisca Azolas Arriagada
Hans Eichhorns Manríquez
Ignacia Humenyi Urzúa
María Asunción Luksic Ziliani
Javiera Pérez Veloso
Vania Saavedra Díaz
Valentina Ulloa Jiménez
ASISTENTE DE PROYECTOS
María Eugenia Meléndez Duarte
COORDINADORA DE CURSOS DE FORMACIÓNRocío Acosta DelgadoEndFragment
JEFA DE FORMACIÓN
Carolina Puyol WilsonEndFragment
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SECRETARIA
Soledad Rojas Salfate
ASISTENTE
Javier Huenulef Huenulef
INTERVENCIÓN INTEGRAL
Evidencia de esto fue el recurso de protección que presentamos en contra de Gendarmería de Chile, institución que entregó permisos de salida al sujeto que violó y asesinó a un niño de 13 años, en Parral. Tras las acciones legales presentadas por nuestra Fundación, la decisión fue revertida y el condenado cumple de forma efectiva su pena.
Si bien todas las familias contaron con el apoyo irrestricto de Amparo y Justicia, urge la necesidad de cuestionarse la normativa de libertades condicionales, en que no se reconoce el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a realizar peticiones.
En segundo lugar y en otro ámbito, nuestra Fundación siguió entregando asesoría técnica a las instituciones del sistema de justicia con el fin de lograr una correcta implementación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas. La crisis sanitaria también perjudicó este proceso, teniéndose que aplazar la aplicación de la segunda y tercera etapas. Creemos firmemente que cada postergación perjudica a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Sin embargo, también sabemos que el análisis constante del proceso en curso, la mejora de brechas y una efectiva preparación de entrevistadores es fundamental para que se prevenga la victimización secundaria.
Ramón Suárez | Presidente de Fundación Amparo y Justicia
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Por eso, en estas páginas presentamos nuestro compromiso de seguir trabajando por las víctimas y sus familias, de la misma manera que entregaremos nuestra experiencia técnica para incidir en políticas públicas que nos permitan construir un país más justo.
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“Si bien todas las familias contaron con el apoyo irrestricto de Amparo y Justicia, urge la necesidad de cuestionarse la normativa de libertades condicionales” EndFragment
Cuando asumí la presidencia de Amparo y Justicia, siempre tuve la convicción de que nuestro quehacer presentaría importantes desafíos. La complejidad de la crisis sanitaria en nuestro país no impidió que siguiéramos cumpliendo con nuestro rol de apoyar a las familias que hemos acompañado por más de dos décadas. Asimismo, continuamos entregando nuestro conocimiento técnico a las instituciones del sistema de justicia penal buscando siempre prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales.
En estas dos materias se enfocó nuestra labor durante 2020. En primer lugar, en marzo, y luego en septiembre, condenados por la violación y homicidio de niños, niñas y una adolescente, postularon nuevamente a la libertad condicional. Nuestra Fundación representó a las familias ante las comisiones que revisan esas postulaciones y se lograron la totalidad de las denegatorias.
Una vez más, quedaron en evidencia las falencias que tiene el sistema de libertades condicionales que, a pesar de haber sido modificado en 2019, aún entrega la posibilidad que personas que no han sido rehabilitadas para la vida en sociedad, y que han cometido el peor de los crímenes de nuestra legislación, tengan la posibilidad de optar al medio libre.
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA PARA INCIDIR EN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN CONSTRUIR UN PAÍS MÁS JUSTO
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En el año 2019, cuando se inició la primera etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas, la Fundación siguió entregando asesoría técnica a las instituciones con el objetivo de procurar aportar en la correcta aplicación de la normativa.
En 2020, Amparo y Justicia continuó promoviendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, aportando en las políticas públicas, generando información e insumos técnicos, capacitando a profesionales de las instituciones, así como también atendiendo integralmente a las familias que han perdido a un hijo o hija por el crimen de violación con homicidio.
En octubre de 2017, después de cuatro años de tramitación en el Congreso, se aprobó la ley. En enero de 2018 se realizó la ceremonia de promulgación en el Palacio de La Moneda, donde se destacó la labor de la Fundación.
Para celebrar este avance para el país -y transmitir a las autoridades, medios de comunicación y opinión pública que no bastaba solo con la normativa, sino que era clave su correcta aplicación- en 2018 se inauguró la Escalera de la Niñez “Protección y Esperanza”, ubicada en la comuna de Providencia, Santiago.
NUESTRA HISTORIA
Hace 22 años, Amparo y Justicia nació a raíz de la desprotección que vivió la familia de una niña de solo cinco años que fue violada y asesinada en Talcahuano. Los abogados provistos por el Estado abandonaron el caso, y fue por eso que Andrónico Luksic Craig reunió a un grupo de profesionales para que representaran a la madre.
Por más de dos décadas se ha entregado apoyo legal, psicológico y social a más de 40 familias. Esta contribución ha beneficiado a padres, abuelos y hermanos de todo el país, proporcionándoles un apoyo integral. La incidencia de la Fundación contribuyó también a mostrar la importancia de que el Estado brindara una mejor atención a las victimas más vulnerables.
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La Escalera de la Niñez “Protección y Esperanza” fue inaugurada para celebrar la promulgación de la Ley de Entrevistas Videograbadas.
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El camino para llegar a la promulgación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas fue pavimentado con acciones estratégicas: se levantaron diagnósticos, se convocó a las instituciones a mesas de trabajo y se convenció a otros actores involucrados sobre la necesidad de un cambio. Amparo y Justicia se convirtió en una fuente de conocimiento técnico y un centro convocante para la discusión del tema. En esa misma línea, la movilización de la comunidad a través de la campaña “No me pregunten más” convirtió este objetivo en una preocupación nacional. Fue la misma ciudadanía la que hizo un llamado a las autoridades sobre la urgencia de legislar.
En el año 2019, cuando se inició la primera etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas, la Fundación siguió entregando asesoría técnica a las instituciones con el objetivo de aportar en la correcta aplicación de la normativa.
En 2020, Amparo y Justicia continuó promoviendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, aportando en las políticas públicas, generando información e insumos técnicos para incidir en asuntos de niñez, y capacitando a profesionales de las instituciones, así como también obteniendo justicia y reparación para las familias que han sufrido dolorosas pérdidas.
Con el fin de actualizar los procesos internos y consecuencia de la experiencia obtenida durante 2020, se desarrolló la “Guía para la asistencia a víctimas en contexto de emergencias”.
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- Milena Pulgar, de Valdivia, junto a su familia, ha sido acompañada por la Fundación. Se tituló de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos.
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Desde 1998 la Fundación ha acompañado a las familias que vivieron la dolorosa pérdida de un hijo o hija por el delito de violación con homicidio. En 2020 no fue distinto, y junto a los padres, madres y hermanos que apoya Amparo y Justicia, surgió el desafío de enfrentar la crisis sanitaria que afectó al mundo entero.
En línea con el modelo de trabajo interdisciplinario, se entregó acompañamiento integral a quienes deben sobrevivir al dolor. El objetivo de la Fundación siempre ha sido proveer herramientas para que los padres, madres y hermanos de las víctimas puedan acceder a los diversos beneficios estatales.
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ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
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Durante este difícil año, y para conocer la situación de las familias que actualmente la Fundación acompaña, se realizó una evaluación socioeconómica para asesorarlas en la obtención de beneficios otorgados por el Estado y ayudar a quienes perdieron su empleo o enfrentaron dificultades debido a las cuarentenas y restricciones establecidas por la autoridad sanitaria. También se proveyó a estudiantes con recursos de tecnología para asegurar su continuidad escolar o universitaria.
Junto a esto, se realizó un seguimiento permanente para entregar atención psicológica y psiquiátrica a quienes lo requirieron.
“Siento un profundo agradecimiento por todo el apoyo, preocupación y constante cariño de parte de ustedes. Me costó mucho terminar mi periodo de estudios, pero siempre de parte de la Fundación respetaron mis tiempos y siempre creyeron en mí y que yo sería capaz de superar esta etapa. Lo logré gracias a ustedes. Sola, imposible. Una eterna gratitud”.
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Por tercer año consecutivo, Amparo y Justicia representó a familias en las Comisiones de Libertad Condicional y también las acompañó durante este proceso debido a la afectación que conlleva la posibilidad de que un condenado por el crimen de su hijo o hija obtenga la libertad.
Cuatro condenados por crímenes de violación con homicidio cometidos entre 1998 y 2001 contra dos niños, una niña y una adolescente, postularon a este beneficio en marzo y septiembre de 2020. Se trató de Luis Miguel Carrasco Tapia, Carlos Silva Valenzuela, Héctor Riveros Retamal y Hugo Gómez Padua, quienes fueron condenados a presidio perpetuo por delitos cometidos en Valparaíso, Coelemu, Parral y Santa Cruz, respectivamente. En los cuatro casos la Fundación actuó como interviniente, conociendo de forma directa la gravedad de los hechos y el perfil de los ofensores y obteniendo la denegación de las postulaciones en todos los casos.
FUNDACIÓN REPRESENTÓ A LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS FRENTE A LAS COMISIONES
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INTERÉS DE LA OPINIÓN PÚBLICA FRENTE AL RESULTADO DE LAS COMISIONES
En 2020 se sistematizó la experiencia obtenida durante los procesos de postulación de condenados a la libertad condicional de los casos representados por la Fundación, y se realizó el estudio “Fundamentos y buenas prácticas internacionales para la atención a víctimas de delitos, en contexto de postulaciones de agresores a la libertad condicional”.
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LOS DESAFÍOS DEL PAÍS FRENTE A LOS PROCESOS DE LIBERTAD CONDICIONAL
Durante todo el proceso se otorgó contención emocional las familias y se gestionaron apoyos psicológicos y psiquiátricos a los padres y hermanos de las víctimas que así lo requirieron.
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En septiembre de 2020, la Fundación presentó un recurso de protección contra Gendarmería de Chile, debido a que un condenado por el crimen contra un niño de 13 años ocurrido en Parral en el año 2000, tuvo acceso al medio libre, situación que propició que la madre de la víctima se encontrara con él en esa misma localidad.
El condenado por el delito, Héctor Riveros Retamal, quien cumple las penas de presidio perpetuo y de 15 años y un día de presidio mayor, había sido autorizado a ser trasladado al Centro de Estudio y Trabajo semiabierto de Talca.
IMPACTO EN LA PRENSA NACIONAL
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Los permisos fueron otorgados por el jefe del centro penitenciario, haciendo caso omiso a los informes que detallaban los rasgos psicopáticos, la peligrosidad y el alto riesgo de reincidencia del condenado.
Tras las acciones legales de la Fundación, que representó a la madre del niño, el condenado fue trasladado nuevamente al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca para que cumpliera su pena de forma efectiva.
“Uno de los requisitos es que no tenga riesgo de reincidencia, y es precisamente lo que arrojan los exámenes y antecedentes de este sujeto (Héctor Riveros). Nosotros creemos, además, que estos permisos fueron otorgados en forma irregular. Son ilegales, porque la ley no faculta a Gendarmería para otorgar estos beneficios. Ellos no pueden modificar una pena de prisión impuesta por ley, ni otorgar beneficios que le permitan al preso acceder al medio libre. Estas cosas nunca se han discutido en este país, y sería bueno que se hiciera”, explicó Alejandro Espinoza, director de Fundación Amparo y Justicia a Revista “Sábado”, de El Mercurio.
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El recurso de protección y los permisos otorgados al condenado fueron ampliamente difundidos en distintos medios de prensa.
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AMPARO Y JUSTICIA PRESENTÓ RECURSO DE PROTECCIÓN POR SALIDAS DE VIOLADOR Y HOMICIDA DE NIÑO DE 13 AÑOS
PREVENCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA
Encuesta de percepción: Entrevistadores, entrevistadoras,
intermediarios e intermediarias.
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Metodología de la evaluación
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Registros y reportes
institucionales
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Entrevistas Videograbadas en aplicación, surgen nuevos desafíos para las instituciones a cargo.Por lo mismo, y en línea con su misión, Amparo y Justicia estableció durante 2020 planes de trabajo para apoyar tanto la formación técnica de instructores y entrevistadores, los procesos de evaluación y seguimiento -entregando retroalimentación de nudos críticos y desafíos detectados-, como también la difusión de buenas prácticas.
Tras la aplicación de la primera etapa de la Ley 21.057, durante el último trimestre de 2019, Fundación Amparo y Justicia inició un trabajo colaborativo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ente coordinador de la normativa.
El objetivo fue detectar oportunidades de mejora al proceso de aplicación. Con este fin, se realizó un seguimiento en las primeras seis regiones del país que implementaron la Ley (Arica
Encuesta de percepción:
Tomadores de denuncia.
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AMPARO Y JUSTICIA ENTREGA LINEAMIENTOS PARA UNA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 21.057
y Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena) y se evaluaron cinco aspectos relevantes para su funcionamiento: denuncia; entrevista investigativa videograbada y proceso investigativo; intermediación; formación inicial y continua; y coordinación y gestión interinstitucional.
En 2007, cuando Fundación Amparo y Justicia comenzó a promover la idea de generar en Chile un sistema de entrevistas videograbadas con el fin de evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes, vislumbró la importancia de la coordinación entre las instituciones para lograr su buena ejecución.
Trece años después, y con la primera etapa de la Ley 21.057 de
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Grupos focales a entrevistadores, entrevistadoras,
intermediarios e intermediarias.
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Grupos focales con coordinadores/as regionales
de implementación.
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PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DD.HH.
A principios de 2020, y como testimonio de la estrecha colaboración existente entre el Poder Judicial y Amparo y Justicia, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, recibió al presidente de la Fundación, Ramón Suárez, y a su gerente general, Paulina Leiva. Durante el encuentro se conversó sobre los desafíos que implica la correcta puesta en marcha de la Ley 21.057 de Entrevista Videograbada.
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· Cristian Álvarez >
Testimonio de instructores:
IDENTIFICACIÓN DE DESAFÍOS DE LA PRIMERA ETAPA
Amparo y Justicia realizó más de 15 estudios para facilitar la ejecución de la Ley. Entre ellos destacan:“Evaluaciones cualitativas de cursos iniciales de formación especializada para entrevistadores"; "Proyección y asignación de entrevistadores para la segunda etapa"; "Proyección de instructores”y "Encuestas de percepción a tomadores de denuncia y entrevistadores acerca de la implementación de la Ley 21.057".
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· Marisel Ramallo >
"Monitorear la ejecución de la Ley en este periodo, nos ha permitido entregar un análisis permanente con el fin de promover la resolución de los aspectos críticos que podrían dificultar una efectiva aplicación en esta primera etapa y en las siguientes".
-Catalina Fernández, subgerente de Políticas Públicas.EndFragment
· Evelyn Lizana >
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En octubre, la cartera de Justicia realizó el primer balance general de funcionamiento, en el cual participaron parlamentarios de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; la Defensoría de la Niñez; una representante de UNICEF y Amparo y Justicia. En esta instancia, Paulina Leiva, gerente general de la Fundación, dio a conocer los desafíos detectados. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicitó la necesidad de incorporar mejoras y valoró la alianza público-privada entre ambos organismos.
Durante 2020, y en su calidad de representante de la sociedad civil en la Subcomisión Técnica para la eje- cución de la Ley 21.057, Amparo y Justicia informó, tanto a las autoridades del Ministerio de Justicia y DD.HH. como también de las instituciones responsables de la ejecución de la normativa, la identificación de desafíos que quedaron en evidencia a partir de informes de operación de la primera etapa, destacando los aspectos que deben ser corregidos para un adecuado funcionamiento tanto en las regiones de la primera etapa como en las restantes.
Moodle fue la plataforma elegida para implementar los módulos interactivos para el curso de formación.
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Una de las características del quehacer de la Fundación durante 2020, fue reformular y adaptar proyectos de acuerdo a la contingencia y necesidad de las instituciones. Fue con ese fin, y para continuar en su rol de asesoría técnica para la especialización en Entrevista Investigativa Videograbada y la Declaración Judicial, que se hizo necesario iniciar un proyecto que derivara en la formación online efectiva de entrevistadores.
Para ello, se precisó analizar el entorno y la experiencia nacional e internacional. Se levantó información sobre los principales lineamientos de aprendizaje efectivo, herramientas digitales y experiencia mundial en materia de entrenamiento a distancia. Y también sobre los requerimientos de diseño, ejecución y evaluación de estos cursos, contando con la asesoría de un experto instruccional de Estados Unidos con vasta trayectoria en esta materia.
Estos conocimientos fueron transferidos a las contrapartes de las instituciones pertenecientes a la subcomisión a cargo de la aplicación de la Ley 21.057.
Asimismo, Amparo y Justicia acordó con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile trabajar de forma conjunta en el desarrollo y aplicación del Curso Inicial de Formación Especializada de Entrevistadores (CIFE) en modalidad online durante 2021.
Libro del Entrevistador y del Intermediario EndFragment
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CURSO INICIAL DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE ENTREVISTADORES EN VERSIÓN ONLINE
Con el fin de acompañar el proceso de clases virtuales, los alumnos contarán con un libro que explica de manera didáctica la compleja técnica de la Entrevista Investigativa Videograbada, así como también de la Intermediación.
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Representantes de Fundación Amparo y Justicia participaron en distintas actividades públicas con el fin de transmitir buenas prácticas de la prevención de victimización secundaria y a la aplicación de la Ley 21.057. Entre ellas destacan:
· Seminario “Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal”, organizado por el Centro de Política Públicas de la P. Universidad Católica de Chile.
· Congreso de la Corte Suprema de México.
· Seminario de la Sociedad Chilena de Criminología (SOCHICRIM).
· "No Enmudecer". Charlas virtuales sobre la prevención del abuso infantil.
· Charla de la Universidad Austral en el marco del curso atención a víctimas de violencia sexual.
· Charla en Programa de Representación Jurídica.
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Catalina Fernández, subgerente de Políticas Públicas, expuso en el ciclo de conferencias “Acceso a la Justicia en casos de abuso sexual infantil”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de México, encuentro en el que participaron más de mil personas de toda América Latina. En la presentación, se refirió al proceso de desarrollo de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas en Chile, sus principales características y, también, a los desafíos para la prevención de la victimización secundaria.
Karin Hein, coordinadora legal de la Fundación, expuso en enero en la conferencia “Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal”, organizado por el Centro de Política Públicas de la P. Universidad Católica.
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DIFUSIÓN DE LA LEY DE ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS, CLAVE PARA UN EFECTIVO FUNCIONAMIENTO
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PARTICIPACIÓN EN CHARLAS Y SEMINARIOS
Catalina Fernández, subgerente de Políticas Públicas, expuso en el ciclo de conferencias “Acceso a la Justicia en casos de abuso sexual infantil”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de México, encuentro en el que participaron más de mil personas de toda América Latina. En la presentación, se refirió al proceso de desarrollo de la Ley 21.057 de Entre- vistas Videograbadas en Chile, sus principales características y, también, a los desafíos para la prevención de la victimización secundaria.
Junto a la asesoría técnica en formación de instructores y entrevistadores, y en los procesos de evaluación y seguimiento, Amparo y Justicia se planteó como desafío aportar en la difusión de la normativa.
Con miras al cumplimiento de este objetivo, profesionales de la Fundación participaron en conversatorios y charlas organizadas tanto por instituciones nacionales como internacionales.
Descarga 2 capítulos del libro, escaneando el siguiente código QR
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Con el fin de seguir apoyando la efectiva ejecución de la Ley 21.057, la Fundación entregó ejemplares del libro, en formato impreso y digital (e-books), a más de 400 funcionarios del sistema de justicia penal.
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LANZAMIENTO DE SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA DE LIBRO DE ENTREVISTA INVESTIGATIVA VIDEOGRABADA
Penal de Santiago; Jorge Alarcón, ex jefe del Centro de Entrevista Videograbada de la Policía de Investigaciones de Chile; e Ignacio Valdés, instructor regional de la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional del Maule. Fue moderadora Catalina Fernández, subgerente de Políticas Públicas de Amparo y Justicia.
Desde Reino Unido, Nick Quine, sargento (r) de la Policía de Avon y Somerset, fue el encargado de inaugurar el evento.
“Según mi experiencia, y por el trabajo que he realiza- do con muchos profesionales, sé que no solo necesitamos de una buena ley. Necesitamos que se implemente de forma efectiva, que las instituciones cuenten con la cantidad necesaria de entrevistadores y que éstos estén técnicamente preparados para hacer entrevistas adecuadas”, señaló Quine, quien también ha formado a entrevistadores e instructores de nuestro país.
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Cuatro años después del lanzamiento de la primera edición del libro “Entrevista Investigativa Videograbada a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales”, Amparo y Justicia, junto a Ediciones UC, publicó una nueva versión actualizada tras el inicio de la aplicación de la Ley 21.057. El texto incluye una descripción de los cambios que establece la normativa y cómo impacta en el quehacer de los funcionarios del sistema de justicia penal. También entrega claridad sobre la técnica y otras medidas especiales que están orientadas a prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes durante la declaración judicial, donde destaca la figura del intermediario.
La actividad de lanzamiento, realizada en agosto de forma virtual, contó con un panel de conversación compuesto por Carolina Duque, coordinadora del equipo de instrucción de Entrevista Investigativa Videograbada de Carabineros de Chile; Nora Rosati, jueza del segundo Tribunal Oral en lo
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Al respecto, Paulina Leiva, gerente general de Amparo y Justicia, señaló que “cada vez es más relevante que profesionales de distintas áreas y expertise participen en un diplomado que les permite generar cambios en su diario quehacer, toda vez que obtengan las herramientas y conocimientos que les permiten mejorar las interacciones con los niños, niñas y adolescentes, respetando siempre sus derechos”.
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DIPLOMADO SOBRE DELITOS SEXUALES: INCIDENCIA EN BUENAS PRÁCTICAS SOBRE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Por siete años y en sus diez versiones, el programa académico “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial”, que Fundación Amparo y Justicia dicta en conjunto con la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha buscado promover la discusión y reflexión en base a los desafíos y experiencias de los actores del sistema judicial. , basados en los desafíos y experiencias de los actores del sistema judicial.
Este objetivo se logró nuevamente en la versión 2020, debido a la diversidad de sus alumnos, provenientes de distintas áreas e instituciones.
Los 68 estudiantes del Diplomado, que se desempeñaban en el Poder Judicial, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería, entre otros organismos, participaron por vía streaming en las sesiones dictadas por 12 expositores nacionales y en las clases magistrales de cuatro expertos internacionales.
"La posibilidad de compartir en este programa académico con profesionales de distintas áreas y de distintas instituciones, enriquece mucho la discusión y la práctica profesional”.
- Jessica Rosales, psicóloga de Carabineros de Chile y alumna del Diplomado durante 2020.EndFragment
En la clase de Elana Newman, en la que también participaron profesionales de las comunicaciones, la experta se refirió a los factores que generan desgaste profesional y, por primera vez en el Diplomado, hubo una jornada dedicada a abordar los efectos de la cobertura periodística de hechos noticiosos traumáticos.
La jornada cerró con un panel de conversación sobre los desafíos y aprendizajes de las vocerías y difusión de casos de alta conmoción. Junto a la doctora Newman, participaron la fiscal Paola Trisotti y el periodista de Canal 13, Miguel Acuña.
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Victimización Secundaria: efectos de los medios de comunicación y el desgaste profesional del trabajo con víctimas
En agosto, fue el turno del doctor en Psicología, Michael Lamb, del Reino Unido, quien es cocreador del protocolo de NICHD de Entrevistas Investigativas Videograbadas. La clase finalizó con un panel nacional de entrevistadoras e instructoras del Ministerio Público, Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes dieron cuenta de las buenas prácticas en relación con la técnica y los aciertos y desafíos de la aplicación de la Ley 21.057.
El ciclo de expertos internacionales lo cerró Elana Newman, doctora en Psicología de la Universidad de Duke, Estados Unidos. La experta es académica de la Universidad de Tulsa (Oklahoma), directora del Dart Center for Journalism and Trauma y se especializa en prevención de victimización secundaria causada por los medios de comunicación. (ver recuadro)
EXPERTOS A NIVEL MUNDIAL DICTARON CLASES MAGISTRALES
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Ni la distancia ni el idioma fueron impedimento para que cuatro profesores internacionales, que habían planificado viajar a Chile antes de la crisis sanitaria mundial, realizaran sus clases vía streaming y con interpretación simultánea a los alumnos del Diplomado y a otros profesionales del sistema de justicia penal.
El programa académico dio inicio con la clase de Nina Burrowes, doctora en Psicología de Reino Unido, quien es especialista en violencia sexual, con énfasis en el abuso sexual infantil.
En julio, y desde Estados Unidos, se impartió la clase magistral de la doctora Lorena Vivanco, la cual trató sobre “Buenas prácticas en la evaluación médico forense”. La instancia cerró con un panel moderado por María Elena Santibáñez, jefa del programa académico en representación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y contó con las opiniones de la doctora María Luisa Alcázar, del Ministerio de Salud, y de la abogada Catalina Duque, de la Fiscalía Nacional.
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FUENTE: CONTABILIDAD
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Área de Formación
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Gestiona la difusión y comunicación estratégica de los proyectos de la Fundación.
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Genera estudios e insumos para incidir en políticas públicas asociadas a la misión de la Fundación.
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Área Comunicaciones
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Área Legal
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Entrega acompañamiento y apoyo social y psicológico a las familias que han perdido un hijo o hija por el delito de violación con homicidio.
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Área AdministraciónEndFragment
Realiza la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos.
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Representa jurídicamente a las familias de niños, niñas o adolescentes víctimas de violación con homicidio.
| GASTOS PERIODO 2016- 2020
Área de Politicas públicas
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Área Psicosocial
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Diseña, coordina y ejecuta procesos de formación dirigidos a funcionarios y profesionales del sistema de justicia.
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CLP MILLONES
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FUNDADOR (NACIONAL)
ANTECEDENTES FINANCIEROS
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| INGRESOS HISTÓRICOS
OTROS (EXTRANJEROS)
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Teléfono: 56 2 29433265
Antonio Bellet Nº 444, oficina 1104
Providencia, Santiago
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Durante el año se realizaron actividades de formación de forma remota con la participación de representantes de distintas instituciones.
Carolina Puyol, jefa de Formación de Amparo y Justicia, señaló al respecto: “El proceso de formación de instructores y entrevistadores tiene que mirarse día a día y analizarse de acuerdo a los resultados de la aplicación de la Ley 21.057. Por lo mismo, nuestro desafío es observar y reformular los proyectos cuando es necesario, buscando siempre una mejora continua que haga efectiva la adquisición de competencias y cumpla el objetivo de la normativa, que es prevenir la victimización de niños, niñas y adolescentes”.
Durante 2020, y tras el inicio de la aplicación de la Ley 21.057, uno de los principales focos de Fundación Amparo y Justicia fue seguir aportando con conocimiento técnico y especializado en la formación idónea de instructores.
Durante el primer trimestre del año, y previo al confinamiento por la pandemia COVID-19, se realizaron cursos presenciales que luego debieron continuar de forma remota. La digitalización de todo el contenido de los cursos permitió que se mantuvieran las capacitaciones a las instituciones del sistema de justicia, logrando así cumplir con los objetivos propuestos.
Cabe destacar que la Fundación lideró el curso sobre “Lineamientos para la evaluación de Intermediación en Declaración Judicial” -también realizado de manera remota-, dirigido a instructores y en el que participaron representantes del Poder Judicial, Academia Judicial, Ministerio Público y Carabineros de Chile.
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ASESORÍA PARA LA FORMACIÓN DE ENTREVISTADORES E INSTRUCTORES
CURSOS PARA INSTRUCTORES
Se elaboró el “Libro de Casos”, clave para el proceso de formación de entrevistadores.
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Durante este año, Fundación Amparo y Justicia apoyó la formación de 10 nuevos instructores de distintas instituciones.
Se realizaron estudios sobre necesidades de capacitación de entrevistadores.
PRINCIPALES RESULTADOS
Se realizaron cuatro cursos online de especialización para instructores.
Se sistematizó la experiencia de formación de entrevistadores desde 2017.
Cuando asumí la presidencia de Amparo y Justicia, siempre tuve la convicción de que nuestro quehacer presentaría importantes desafíos. La complejidad de la crisis sanitaria en nuestro país no impidió que siguiéramos cumpliendo con nuestro rol de apoyar a las familias que hemos acompañado por más de dos décadas. Asimismo, continuamos entregando nuestro conocimiento técnico a las instituciones del sistema de justicia penal buscando siempre prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales.
En estas dos materias se enfocó nuestra labor durante 2020. En primer lugar, en marzo, y luego en septiembre, condenados por la violación y homicidio de niños, niñas y una adolescente, postularon nuevamente a la libertad condicional. Nuestra Fundación representó a las familias ante las comisiones que revisan esas postulaciones y se lograron la totalidad de las denegatorias.
Una vez más, quedaron en evidencia las falencias que tiene el sistema de libertades condicionales que, a pesar de haber sido modificado en 2019, aún entrega la posibilidad que personas que no han sido rehabilitadas para la vida en sociedad, y que han cometido el peor de los crímenes de nuestra legislación, tengan la posibilidad de optar al medio libre.
Evidencia de esto fue el recurso de protección que presentamos en contra de Gendarmería de Chile, institución que entregó permisos de salida al sujeto que violó y asesinó a un niño de 13 años, en Parral. Tras las acciones legales presentadas por nuestra Fundación, la decisión fue revertida y el condenado cumple de forma efectiva su pena.
Si bien todas las familias contaron con el apoyo irrestricto de Amparo y Justicia, urge la necesidad de cuestionarse la normativa de libertades condicionales, en que no se reconoce el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a realizar peticiones.
En segundo lugar y en otro ámbito, nuestra Fundación siguió entregando asesoría técnica a las instituciones del sistema de justicia con el fin de lograr una correcta implementación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas. La crisis sanitaria también perjudicó este proceso, teniéndose que aplazar la aplicación de la segunda y tercera etapas. Creemos firmemente que cada postergación perjudica a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Sin embargo, también sabemos que el análisis constante del proceso en curso, la mejora de brechas y una efectiva preparación de entrevistadores es fundamental para que se prevenga la victimización secundaria.
Por eso, en estas páginas presentamos nuestro compromiso de seguir trabajando por las víctimas y sus familias, de la misma manera que entregaremos nuestra experiencia técnica para incidir en políticas públicas que nos permitan construir un país más justo.
Cuando en marzo de 2020 tomamos nuestros computadores, cerramos la puerta de la oficina y nos fuimos a nuestras casas para resguardarnos de la pandemia, nunca nos imaginamos los desafíos que se vendrían por delante.
Si bien nuestro modelo de trabajo y experiencia de más de 22 años siempre nos ha permitido adaptarnos a los cambios y tomarlos como una oportunidad, el panorama nacional y mundial reafirmó nuestra misión, a pesar de la incertidumbre: prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido agresiones sexuales, durante su paso por el sistema judicial, como también dar acompañamiento legal, psicológico y social a las familias que han perdido a un hijo o hija por el delito de violación y homicidio.
En primer lugar, tuvimos que asegurarnos de mantener el contacto con las familias y apoyarlas durante el transcurso de la crisis sanitaria. Nuestro objetivo fue entregarles las herramientas para que accedieran a los beneficios estatales y apoyar la continuidad académica de los hermanos y madres que estaban cursando estudios superiores.
Otra arista relevante fue mantener la representación de las familias que se vieron enfrentadas, por quinto semestre consecutivo, a la postulación a libertad condicional de los condenados por la violación y homicidio de sus hijos o hijas. Junto con darles apoyo psicológico y emocional, se obtuvo que los cuatro criminales se mantuvieran en prisión. Asimismo, durante estos procesos se informó a la ciudadanía respecto de las fallas y desafíos del sistema actual de ejecución de condenas.
En nuestra línea de prevención de la victimización secundaria, pese a que la responsabilidad de la implementación de la Ley 21.057 recae en las instituciones del sistema de justicia penal, procuramos continuar apoyando desde nuestro rol en la sociedad civil organizada. Específicamente, iniciamos la generación de programas de formación de entrevistadores e instructores de manera remota, a raíz de la imposibilidad de clases presenciales producto del COVID-19. Además, continuamos entregando a las entidades a cargo de la aplicación de esta normativa asesoría técnica e insumos basados en evidencia y estudios.
Igualmente, reformulamos nuestro Diplomado sobre delitos sexuales infantiles a un formato 100% online, manteniendo su calidad académica y permitiendo mejorar las prácticas de cientos de profesionales que interactúan a diario con niños, niñas y adolescentes.
Una vez más, en un año no exento de desafíos, el compromiso y trabajo de cada uno de los miembros del equipo, así como también la asesoría constante del directorio, nos permitieron avanzar en el cumplimiento de nuestra misión y visión, velando por el respeto efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Chile.
2020, EL AÑO QUE NOS PERMITIÓ REAFIRMAR NUESTRA MISIÓN
Hace 22 años, Amparo y Justicia nació a raíz de la desprotección que vivió la familia de una niña de solo cinco años que fue violada y asesinada en Talcahuano. Los abogados provistos por el Estado abandonaron el caso, y fue por eso que Andrónico Luksic Craig reunió a un grupo de profesionales para que representaran a la madre.
Por más de dos décadas se ha entregado apoyo legal, psicológico y social a más de 40 familias. Esta contribución ha beneficiado a padres, abuelos y hermanos de todo el país, proporcionándoles un apoyo integral. La incidencia de la Fundación contribuyó también a mostrar la importancia de que el Estado brindara una mejor atención a las victimas más vulnerables.
El camino para llegar a la promulgación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas fue pavimentado con acciones estratégicas: se levantaron diagnósticos, se convocó a las instituciones a mesas de trabajo y se convenció a otros actores involucrados sobre la necesidad de un cambio. Amparo y Justicia se convirtió en una fuente de conocimiento técnico y un centro convocante para la discusión del tema. En esa misma línea, la movilización de la comunidad a través de la campaña “No me pregunten más” convirtió este objetivo en una preocupación nacional. Fue la misma ciudadanía la que hizo un llamado a las autoridades sobre la urgencia de legislar.
En octubre de 2017, después de cuatro años de tramitación en el Congreso, se aprobó la ley. En enero de 2018 se realizó la ceremonia de promulgación en el Palacio de La Moneda, donde se destacó la labor de la Fundación.
Para celebrar este avance para el país -y transmitir a las autoridades, medios de comunicación y opinión pública que no bastaba solo con la normativa, sino que era clave su correcta aplicación- en 2018 se inauguró la Escalera de la Niñez “Protección y Esperanza”, ubicada en la comuna de Providencia, Santiago.
En el año 2019, cuando se inició la primera etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas, la Fundación siguió entregando asesoría técnica a las instituciones con el objetivo de procurar aportar en la correcta aplicación de la normativa.
En 2020, Amparo y Justicia continuó promoviendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, aportando en las políticas públicas, generando información e insumos técnicos, capacitando a profesionales de las instituciones, así como también atendiendo integralmente a las familias que han perdido a un hijo o hija por el crimen de violación con homicidio.
Solange Bertrand Huerta
| Psicóloga - Chile
María Elena Santibåñez Torres
| Abogado - Chile
Joanna Heskia Tornquist
| Abogado - Chile
Lorena Vivanco De Martinez
| Pediatra Forense - Estados Unidos
David La Rooy
| Doctor en Psicología - Reino Unido
Nick Quine
| Sargento - Reino Unido
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SECRETARIO
Alejandro Espinoza Bustos | AbogadoEndFragment
ENCARGADA DE PRODUCCIÓN Y CONTENIDO AUDIOVISUAL
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ENCARGADO DIGITAL
Felipe Ramírez Vidal
ASESORES TÉCNICOS
Francisca Azolas Arriagada
Hans Eichhorns Manríquez
Ignacia Humenyi Urzúa
María Asunción Luksic Ziliani
Javiera Pérez Veloso
Vania Saavedra Díaz
Valentina Ulloa Jiménez
ASISTENTE
Javier Huenulef Huenulef
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COORDINADORES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Aldo Pesce González
Karina Castro Oyarzún
ASESORA TÉCNICA Y COORDINADORA ACADÉMICA
Yohanna Douglas Rojas
ASISTENTE DE PROYECTOS
María Eugenia Meléndez Duarte
SECRETARIA
Soledad Rojas Salfate
INTERVENCIÓN INTEGRAL
“Siento un profundo agradecimiento por todo el apoyo, preocupación y constante cariño de parte de ustedes. Me costó mucho terminar mi periodo de estudios, pero siempre de parte de la Fundación respetaron mis tiempos y siempre creyeron en mí y que yo sería capaz de superar esta etapa. Lo logré gracias a ustedes. Sola, imposible. Una eterna gratitud”.
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Desde 1998 la Fundación ha acompañado a las familias que vivieron la dolorosa pérdida de un hijo o hija por el delito de violación con homicidio. En 2020 no fue distinto, y junto a los padres, madres y hermanos que apoya Amparo y Justicia, surgió el desafío de enfrentar la crisis sanitaria que afectó al mundo entero.
En línea con el modelo de trabajo interdisciplinario, se entregó acompañamiento integral a quienes deben sobrevivir al dolor. El objetivo de la Fundación siempre ha sido proveer herramientas para que los padres, madres y hermanos de las víctimas puedan acceder a los diversos beneficios estatales.
Durante este difícil año, y para conocer la situación de las familias que actualmente la Fundación acompaña, se realizó una evaluación socioeconómica para asesorarlas en la obtención de beneficios otorgados por el Estado y ayudar a quienes perdieron su empleo o enfrentaron dificultades debido a las cuarentenas y restricciones establecidas por la autoridad sanitaria. También se proveyó a estudiantes con recursos de tecnología para asegurar su continuidad escolar o universitaria.
Junto a esto, se realizó un seguimiento permanente para entregar atención psicológica y psiquiátrica a quienes lo requirieron.
Por tercer año consecutivo, Amparo y Justicia representó a familias en las Comisiones de Libertad Condicional y también las acompañó durante este proceso debido a la afectación que conlleva la posibilidad de que un condenado por el crimen de su hijo o hija obtenga la libertad.
Cuatro condenados por crímenes de violación con homicidio cometidos entre 1998 y 2001 contra dos niños, una niña y una adolescente, postularon a este beneficio en marzo y septiembre de 2020. Se trató de Luis Miguel Carrasco Tapia, Carlos Silva Valenzuela, Héctor Riveros Retamal y Hugo Gómez Padua, quienes fueron condenados a presidio perpetuo por delitos cometidos en Valparaíso, Coelemu, Parral y Santa Cruz, respectivamente. En los cuatro casos la Fundación actuó como interviniente, conociendo de forma directa la gravedad de los hechos y el perfil de los ofensores y obteniendo la denegación de las postulaciones en todos los casos.
Durante todo el proceso se otorgó contención emocional a las familias y se gestionaron apoyos psicológicos y psiquiátricos a los padres y hermanos de las víctimas que así lo requirieron.
En septiembre de 2020, la Fundación presentó un recurso de protección contra Gendarmería de Chile, debido a que un condenado por el crimen contra un niño de 13 años ocurrido en Parral en el año 2000, tuvo acceso al medio libre, situación que propició que la madre de la víctima se encontrara con él en esa misma localidad.
El condenado por el delito, Héctor Riveros Retamal, quien cumple las penas de presidio perpetuo y de 15 años y un día de presidio mayor, había sido autorizado a ser trasladado al Centro de Estudio y Trabajo semiabierto de Talca. Los permisos fueron otorgados por el jefe del centro penitenciario, haciendo caso omiso a los informes que detallaban los rasgos psicopáticos, la peligrosidad y el alto riesgo de reincidencia del condenado.
Tras las acciones legales de la Fundación, que representó a la madre del niño, el condenado fue trasladado nuevamente al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca para que cumpliera su pena de forma efectiva.
El recurso de protección y los permisos otorgados al condenado fueron ampliamente difundidos en distintos medios de prensa.
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AMPARO Y JUSTICIA PRESENTÓ RECURSO DE PROTECCIÓN POR SALIDAS DE VIOLADOR Y HOMICIDA DE NIÑO DE 13 AÑOS
PREVENCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA
Grupos focales a entrevistadores, entrevistadoras, intermediarios e intermediarias.
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Grupos focales con coordinadores/as regionales de implementación.
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Encuesta de percepción: Entrevistadores, entrevistadoras, intermediarios e intermediarias.
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Encuesta de percepción: Tomadores de denuncia.
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En 2007, cuando Fundación Amparo y Justicia comenzó a promover la idea de generar en Chile un sistema de entrevistas videograbadas con el fin de evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes, vislumbró la importancia de la coordinación entre las instituciones para lograr su buena ejecución.
Trece años después, y con la primera etapa de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas en aplicación, surgen nuevos desafíos para las instituciones a cargo. Por lo mismo, y en línea con su misión, Amparo y Justicia estableció durante 2020 planes de trabajo para apoyar tanto la formación técnica de instructores y entrevistadores, los procesos de evaluación y seguimiento -entregando retroalimentación de nudos críticos y desafíos detectados-, como también la difusión de buenas prácticas.
Registros y reportes institucionales
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Tras la aplicación de la primera etapa de la Ley 21.057, durante el último trimestre de 2019, Fundación Amparo y Justicia inició un trabajo colaborativo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ente coordinador de la normativa.
El objetivo fue detectar oportunidades de mejora al proceso de aplicación. Con este fin, se realizó un seguimiento en las primeras seis regiones del país que implementaron la Ley (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena) y se evaluaron cinco aspectos relevantes para su funcionamiento: denuncia; entrevista investigativa videograbada y proceso investigativo; intermediación; formación inicial y continua; y coordinación y gestión interinstitucional.
"Monitorear la ejecución de la Ley en este periodo, nos ha permitido entregar un análisis permanente con el fin de promover la resolución de los aspectos críticos que podrían dificultar una efectiva aplicación en esta primera etapa y en las siguientes”.
-Catalina Fernández, subgerente de Políticas Públicas.
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Durante 2020, y en su calidad de representante de la sociedad civil en la Subcomisión Técnica para la ejecución de la Ley 21.057, Amparo y Justicia informó, tanto a las autoridades del Ministerio de Justicia y DD.HH. como también de las instituciones responsables de la ejecución de la normativa, la identificación de desafíos que quedaron en evidencia destacando los aspectos que deben ser corregidos para un adecuado funcionamiento tanto en las regiones de la primera etapa como en las restantes.
En octubre, la cartera de Justicia realizó el primer balance general de funcionamiento, en el cual participaron parlamentarios de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; la Defensoría de la Niñez; una representante de UNICEF y Amparo y Justicia. En esta instancia, Paulina Leiva, gerente general de la Fundación, dio a conocer los desafíos detectados. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicitó la necesidad de incorporar mejoras y valoró la alianza público-privada entre ambos organismos.
Amparo y Justicia realizó más de 15 estudios para facilitar la ejecución de la Ley. Entre ellos destacan:“Evaluaciones cualitativas de cursos iniciales de formación especializada para entrevistadores"; "Proyección y asignación de entrevistadores para la segunda etapa"; "Proyección de instructores”y "Encuestas de percepción a tomadores de denuncia y entrevistadores acerca de la implementación de la Ley 21.057".
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Durante 2020, y tras el inicio de la aplicación de la Ley 21.057, uno de los principales focos de Fundación Amparo y Justicia fue seguir aportando con conocimiento técnico y especializado en la formación idónea de instructores.
Durante el primer trimestre del año, y previo al confinamiento por la pandemia COVID-19, se realizaron cursos presenciales que luego debieron continuar de forma remota. La digitalización de todo el contenido de los cursos permitió que se mantuvieran las capacitaciones a las instituciones del sistema de justicia, logrando así cumplir con los objetivos propuestos.
Cabe destacar que la Fundación lideró el curso sobre “Lineamientos para la evaluación de Intermediación en Declaración Judicial” -también realizado de manera remota-, dirigido
a instructores y en el que participaron representantes del Poder Judicial, Academia Judicial, Ministerio Público y Carabineros de Chile.
Carolina Puyol, jefa de Formación de Amparo y Justicia, señaló al respecto: “El proceso de formación de instructores y entrevistadores tiene que mirarse día a día y analizarse de acuerdo a los resultados de la aplicación de la Ley 21.057. Por lo mismo, nuestro desafío es observar y reformular los proyectos cuando es necesario, buscando siempre una mejora continua que haga efectiva la adquisición de competencias y cumpla el objetivo de la normativa, que es prevenir la victimización de niños, niñas y adolescentes”.
CURSO INICIAL DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE ENTREVISTADORES EN VERSIÓN ONLINE
Una de las características del quehacer de la Fundación durante 2020, fue reformular y adaptar proyectos de acuerdo a la contingencia y necesidad de las instituciones. Fue con ese fin, y para continuar en su rol de asesoría técnica para la especialización en Entrevista Investigativa Videograbada y la Declaración Judicial, que se hizo necesario iniciar un proyecto que derivara en la formación online efectiva de entrevistadores.
Para ello, se precisó analizar el entorno y la experiencia nacional e internacional. Se levantó información sobre los principales lineamientos de aprendizaje efectivo, herramientas digitales y experiencia mundial en materia de entrenamiento a distancia. Y también sobre los requerimientos de diseño, ejecución y evaluación de estos cursos, contando con la asesoría de un experto instruccional de Estados Unidos con vasta trayectoria en esta materia.
Estos conocimientos fueron transferidos a las contrapartes de las instituciones pertenecientes a la subcomisión a cargo de la aplicación de la Ley 21.057.
Asimismo, Amparo y Justicia acordó con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile trabajar de forma conjunta en el desarrollo y aplicación del Curso Inicial de Formación Especializada de Entrevistadores (CIFE) en modalidad online durante 2021.
Junto a la asesoría técnica en formación de instructores y entrevistadores, y en los procesos de evaluación y seguimiento, Amparo y Justicia se planteó como desafío aportar en la difusión de la normativa.
Con miras al cumplimiento de este objetivo, profesionales de la Fundación participaron en conversatorios y charlas organizadas tanto por instituciones nacionales como internacionales.
Catalina Fernández, subgerente de Políticas Públicas, expuso en el ciclo de conferencias “Acceso a la Justicia en casos de abuso sexual infantil”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de México, encuentro en el que participaron más de mil personas de toda América Latina. En la presentación, se refirió al proceso de desarrollo de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas en Chile, sus principales características y, también, a los desafíos para la prevención de la victimización secundaria.
DIFUSIÓN DE LA LEY
DE ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS, CLAVE PARA UN EFECTIVO FUNCIONAMIENTO
PARTICIPACIÓN EN CHARLAS Y SEMINARIOS
Cuatro años después del lanzamiento de la primera edición del libro “Entrevista Investigativa Videograbada a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales”, Amparo y Justicia, junto a Ediciones UC, publicó una nueva versión actualizada tras el inicio de la aplicación de la Ley 21.057. El texto incluye una descripción de los cambios que establece la normativa y cómo impacta en el quehacer de los funcionarios del sistema de justicia penal. También entrega claridad sobre la técnica y otras medidas especiales que están orientadas a prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes durante la declaración judicial, donde destaca la figura del intermediario.
La actividad de lanzamiento, realizada en agosto de forma virtual, contó con un panel de conversación compuesto por Carolina Duque, coordinadora del equipo de instrucción de Entrevista Investigativa Videograbada de Carabineros de Chile; Nora Rosati, jueza del segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago; Jorge Alarcón, ex jefe del Centro de Entrevista Videograbada de la Policía de Investigaciones de Chile; e Ignacio Valdés, instructor regional de la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional del Maule. Fue moderadora Catalina Fernández, subgerente de Políticas Públicas de Amparo y Justicia.
Desde Reino Unido, Nick Quine, sargento (r) de la Policía de Avon y Somerset, fue el encargado de inaugurar el evento.
“Según mi experiencia, y por el trabajo que he realizado con muchos profesionales, sé que no solo necesitamos de una buena ley. Necesitamos que se implemente de forma efectiva, que las instituciones cuenten con la cantidad necesaria de entrevistadores y que éstos estén técnicamente preparados para hacer entrevistas adecuadas”, señaló Quine, quien también ha formado a entrevistadores e instructores de nuestro país.
Para ello, se precisó analizar el entorno y la experiencia nacional e internacional. Se levantó información sobre los principales lineamientos de aprendizaje efectivo, herramientas digitales y experiencia mundial en materia de entrenamiento a distancia. Y también sobre los requerimientos de diseño, ejecución y evaluación de estos cursos, contando con la asesoría de un experto instruccional de Estados Unidos con vasta trayectoria en esta materia.
Estos conocimientos fueron transferidos a las contrapartes de las instituciones pertenecientes a la subcomisión a cargo de la aplicación de la Ley 21.057.
Asimismo, Amparo y Justicia acordó con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile trabajar de forma conjunta en el desarrollo y aplicación del Curso Inicial de Formación Especializada de Entrevistadores (CIFE) en modalidad online durante 2021.
"La posibilidad de compartir en este programa académico con profesionales de distintas áreas y de distintas instituciones, enriquece mucho la discusión y la práctica profesional”.- Jessica Rosales, psicóloga de Carabineros de Chile y alumna del Diplomado durante 2020.
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Ni la distancia ni el idioma fueron impedimento para que cuatro profesores internacionales, que habían planificado viajar a Chile antes de la crisis sanitaria mundial, realizaran sus clases vía streaming y con interpretación simultánea a los alumnos del Diplomado y a otros profesionales del sistema de justicia penal.
El programa académico dio inicio con la clase de Nina Burrowes, doctora en Psicología de Reino Unido, quien es especialista en violencia sexual, con énfasis en el abuso sexual infantil.
En julio, y desde Estados Unidos, se impartió la clase magistral de la doctora Lorena Vivanco, la cual trató sobre “Buenas prácticas en la evaluación médico forense”. La instancia cerró con un panel moderado por María Elena Santibáñez, jefa del programa académico en representación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y contó con las opiniones de la doctora María Luisa Alcázar, del Ministerio de Salud, y de la abogada Catalina Duque, de la Fiscalía Nacional.
En agosto, fue el turno del doctor en Psicología, Michael Lamb, del Reino Unido, quien es cocreador del protocolo de NICHD de Entrevistas Investigativas Videograbadas. La clase finalizó con un panel nacional de entrevistadoras e instructoras del Ministerio Público, Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes dieron cuenta de las buenas prácticas en relación con la técnica y los aciertos y desafíos de la aplicación de la Ley 21.057.
El ciclo de expertos internacionales lo cerró Elana Newman, doctora en Psicología de la Universidad de Duke, Estados Unidos. La experta es académica de la Universidad de Tulsa (Oklahoma), directora del Dart Center for Journalism and Trauma y se especializa en prevención de victimización secundaria causada por los medios de comunicación. (ver recuadro)
La actividad de lanzamiento, realizada en agosto de forma virtual, contó con un panel de conversación compuesto por Carolina Duque, coordinadora del equipo de instrucción de Entrevista Investigativa Videograbada de Carabineros de Chile; Nora Rosati, jueza del segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago; Jorge Alarcón, ex jefe del Centro de Entrevista Videograbada de la Policía de Investigaciones de Chile; e Ignacio Valdés, instructor regional de la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional del Maule. Fue moderadora Catalina Fernández, subgerente de Políticas Públicas de Amparo y Justicia.
Desde Reino Unido, Nick Quine, sargento (r) de la Policía de Avon y Somerset, fue el encargado de inaugurar el evento.
“Según mi experiencia, y por el trabajo que he realizado con muchos profesionales, sé que no solo necesitamos de una buena ley. Necesitamos que se implemente de forma efectiva, que las instituciones cuenten con la cantidad necesaria de entrevistadores y que éstos estén técnicamente preparados para hacer entrevistas adecuadas”, señaló Quine, quien también ha formado a entrevistadores e instructores de nuestro país.
Para ello, se precisó analizar el entorno y la experiencia nacional e internacional. Se levantó información sobre los principales lineamientos de aprendizaje efectivo, herramientas digitales y experiencia mundial en materia de entrenamiento a distancia. Y también sobre los requerimientos de diseño, ejecución y evaluación de estos cursos, contando con la asesoría de un experto instruccional de Estados Unidos con vasta trayectoria en esta materia.
Estos conocimientos fueron transferidos a las contrapartes de las instituciones pertenecientes a la subcomisión a cargo de la aplicación de la Ley 21.057.
Asimismo, Amparo y Justicia acordó con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile trabajar de forma conjunta en el desarrollo y aplicación del Curso Inicial de Formación Especializada de Entrevistadores (CIFE) en modalidad online durante 2021.
| GASTOS PERIODO 2016-2020
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| INGRESOS HISTÓRICOS
ANTECEDENTES
FINANCIEROS
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